Conoce la historia y los procesos por los cuales los campesinos y el campo mexicano han pasado desde los tiempos Zapatistas a la era moderna.
La revolución mexicana y la lucha por el reparto agrario
El gobierno de Lázaro Cárdenas se conocía por tener una política agresiva y estricta, la cual buscada cumplir todas las promesas que se hicieron durante la revolución, principalmente, aquellos compromisos que se hicieron a los obreros y campesinos en el campo mexicano. Sin embargo, esa intención fue frenada y generó una moderación en la política de la modernización.
Los obreros y campesinos nombraron a este movimiento como la “Política de masa”. Dicha política consistía en que el Estado tomara toda control de cualquier actividad económica. Para los obreros, esto impulsaría las reformas que mejorarían su calidad de vida, y para los campesinos, significó un proceso de reparto agrario sin procedentes. Esta reforma agraria fue propuesta por Emiliano Zapata.
El hecho de que la actividad económica pasara al control de campesinos permitió el nacimiento de dos confederaciones: la Nacional Campesina (CNC) y la de Trabajadores Mexicanos. Dando fin a la desaparición de latifundios.
Durante el gobierno de Cárdenas, se realizó el reparto de tierras de más grande en la historia de México: se repartieron 18 millones de hectáreas a medio millón de campesinos, esto quiere decir que el 47% de la totalidad de las tierras eran ejidos.
Sin embargo, Cárdenas no sólo repartió tierras, sino que también implementó la infraestructura necesaria para que se explotaran, y así se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejidal.
La política de ordenamiento territorial en México
Entre los años de 1995 y 2000, después de las reformas realizadas a la LGEEPA en 1996, el Ordenamiento Ecológico del Territorio se consolidó como un instrumento integral de planeación territorial impulsado por el INE.
A la vez, en este mismo periodo, la elaboración de ordenamientos ecológicos estatales continuaron; y se decretaron los primeros ordenamientos ecológicos regionales y locales, algunos de ellos en costa.
En 1999, por iniciativa de la SEDESOL, se formó el Grupo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial (GIOT) conformado por el Instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la SEDESOL, con el objetivo de impulsar tanto la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT) como los ordenamientos municipales, con un enfoque integral y de desarrollo sustentable para el campo mexicano. Para esto, el GIOT elaboró los Términos de Referencia para desarrollar tanto los ordenamientos ecológicos estatales como los municipales; también desarrolló una Guía Metodológica para la elaboración de los PEOT, la cual hacía énfasis en la caracterización y diagnóstico de los aspectos sociales, urbano-regionales y económicos de los territorios de los estados.
En 2001 la política de Ordenamiento Territorial a cargo de la SEDESOL, se integró al Plan Nacional de Desarrollo a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. A la par, la Presidencia de la República creó los Fideicomisos Mesorregionales, los cuales tenían como objetivo apoyar económicamente el desarrollo de proyectos de infraestructura y actividades productivas en las cinco mesorregiones definidas por la misma Presidencia, con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional: Centro-País, Centro-Occidente, Sur-Sureste, Noreste y Noroeste (IBID).
Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2004 ocurrió el diseño de las metodologías a escala estatal y macrorregional a través de convenios entre la SEDESOL y el Instituto de Geografía de la UNAM, los cuales sirvieron de base para la elaboración de los PEOT.
Fue hasta el año siguiente, como parte de una agenda de transversalidad, la SEMARNAT, el INE y la SEDESOL desarrollaron el primer documento que sentó las bases metodológicas para la elaboración de los Programas Municipales de Ordenamiento Ecológico Territorial (PMOET). Fue hasta 2006 que se realizó un segundo intento conjunto encaminado a generar
esas bases metodológicas. Fue entonces, cuando la SEDESOL coordinó la obra titulada Política territorial en México: hacia un modelo de desarrollo basado en el territorio; como base fundamental para la elaboración de una propuesta institucional de política territorial en el campo mexicano.
De 2006 a la fecha, la SEMARNAT y el INE han dado seguimiento a la elaboración y decretos de Ordenamientos Ecológicos marinos, costeros y municipales, así como la elaboración y reciente decreto del Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT). Mientras la SEDESOL apoyaba el diseño de una nueva metodología para el desarrollo de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT).
Desarrollo agrario
La Secretaría de la Reforma Agraria de México fue una secretaría de Estado, la cual dependía del Poder Ejecutivo Federal, y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 41, era responsable del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las condiciones del derecho de los trabajadores del campo a la posesión de la tierra que trabajan.
Las comunidades y los ejidos, siempre han representado un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los recursos naturales en el país, con una importante incidencia en su utilización productiva, en su relación con la inversión en el campo, en la generación de empleo y autoempleo, en la distribución del ingreso y en la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas.
Más del 50% del territorio mexicano está compuesto por miles de localidades que conforman ejidos y comunidades en donde habitan más de 8.1 millones de sujetos agrarios, de los cuales 5.9 millones son hombres y 2.2 millones son mujeres. Y para atender a la tierra, se requieren políticas que fomenten su desarrollo a partir de la tenencia de la tierra, desarrollar capacidades técnico-productivas de sus habitantes y preservar la gobernabilidad en el sector agrario.
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